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Servicios Para una Educación Alternativa A.C.

Mapa MineríapqLa presencia de la minería en el estado de Oaxaca ha provocado problemáticas graves en diversas comunidades, principalmente donde se han otorgado concesiones mineras, o donde se realizan actividades de prospección, exploración y explotación de minerales.

Concesiones mineras otorgadas sin el consentimiento de las comunidades

Desde enero de 2002 y hasta abril de 2016 la Secretaría de Economía ha otorgado 972 títulos de concesión minera, de las cuales actualmente 299 están vigentes[1]. Dichas concesiones cubren una superficie total de 462'974 hectáreas, que representan el 5% del territorio estatal. A nivel nacional se encuentran concesionadas 52 millones de hectáreas a empresas mineras[2].

Las concesiones mineras se otorgaron en 90 municipios del estado de Oaxaca por un periodo de 50 años, dichos municipios no fueron consultados al momento de entregar las concesiones mineras, éstas han sido entregadas en ejidos y comunidades agrarias que tradicionalmente tienen uso para la agricultura comercial y de autoconsumo, ganadería, pesca, son sitios sagrados e incluso abarcan centros poblacionales, en consecuencia las comunidades no tienen información sobre el tamaño de la concesión, su vigencia, el titular, entre los datos más relevantes. Es necesario señalar que la información proporcionada a las comunidades en Oaxaca por el gobierno federal, estatal y empresas involucradas ha sido discresional, no se informa sobre la escala del proyecto o los posbiles impactos que esta actividad ha generado en otros estados de la república en los ámbitos social, político, ambiental y cultural.

Veintidós[3] comunidades han exigido la cancelación de dichas concesiones argumentando violaciones a sus derechos como pueblos y comunidades indígenas, principalmente el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, al territorio, a la libre determinación, al desarrollo desde su propia cosmovisión y a la información pública; sin embargo el marco legal, no establece ningún mecanismo para su cancelación, a excepción de la decisión de la empresa para desistirse,terminación de la vigencia o resolucion judicial[4], aunado a que la actividad minera tiene preferencia sobre cualquier otro uso o aprovechamiento que se da a la tierra[5]. Estos elementos colocan en total desprotección a los pueblos y comunidades del estado de Oaxaca y al ejercicio de sus derechos, incluso el derecho a la defensa.

 

35 proyectos mineros informados por la Secretaría de Economía

Hasta julio de 2016, en Oaxaca se encuentran registrados ante la Secretaría de Economía 35 proyectos mineros impulsados por 38 empresas registradas en Canadá, USA, Perú, Australia y México[6]. Según datos de la Secretaría de Economía 29 se encuentran en etapa de exploración, 2 en etapa de desarrollo, 2 postergados y 2 en etapa de explotación. Éstos últimos han sido ubicados por el Gobierno del Estado de Oaxaca como “dos de los proyectos mineros más importantes de la historia, generando una inversión privada durante el periodo 2011-2015 por 6 mil 382 millones de pesos, lo cual ha colocado al estado en el séptimo lugar nacional en producción minera”[7].

 

Preocupaciones en materia de derechos de pueblos indígenas e inversión minera

Este dato contrasta fuertemente con la situación en Oaxaca, a manera de ejemplo se encuentra el proyecto San José operado por la empresa “Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V” filial de la canadiense “Fortuna Silver Mines”, donde se han documentado 4 asesinatos derivados directamente del conflicto minero entre 2010 y 2012, 8 personas heridas por arma de fuego en ese mismo periodo[8], actualmente 4 personas defensoras cuentan con medidas cautelares emitidas por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, además de provocar una división profunda en la comunidad generada por la instalación del mismo. Como dato adicional, el proyecto se encuentra entre los más relevantes en México para la explotación de plata con recursos por 62 millones de dólares[9], sin embargo la aportación de sus ganancias totales al erario federal y municipal ha sido del 1%[10].

Un elemento importante lo representa la Manifestación de Impacto Ambiental, la cual es un requisito previo a la explotación de minerales, sin embargo las empresas involucradas y el gobierno federal son juez y parte, ya que los estudios sobre posibles impactos ambientales son realizados con recursos de las empresas interesadas y aprobados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la cual las comunidades no tienen participación ya que no pueden tener acceso a los resultados de los estudios, además de que la escasa información que existe resulta demasiado técnica y con un lenguaje culturalmente inapropiado.

Además, las empresas ha llevado a cabo una práctica sistemática que tiende a fracturar los tejidos sociales comunitarios, la corrupción de autoridades comunitarias, municipales, estatales y federales, el establecimiento de grupos paramilitares o de naturaleza violenta que provocan intimidación entre los habitantes, así como el asesinato de opositores a dichos proyectos[11].

Las autoridades mexicanas lejos de reconocer los graves impactos producidos por la actividad minera, promocionan y generan las condiciones sociales, políticas y legislativas para permitir “legalmente” este patrón de conducta de las empresas, ya que difícilmente se les puede exigir el respeto a los derechos mencionados en el presente documento.  En este sentido el actuar del Estado está regulado por los intereses privados del sector empresarial, por lo que se ha configurado como el gestor principal de proyectos mineros y voceros de los beneficios para el desarrollo económico de Oaxaca. Las autoridades estatales y federales retoman las políticas, incluso las legislaciones que dictan las empresas[12].

 

Texto elaborado por Neftalí Reyes Méndez, Área de Derechos Territoriales, Servicios para una Educación Alternativa EDUCA A.C.


[1] Solicitud de Acceso a la Información Pública realizada por Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA A.C. con número de folio: 0001000058016

[3]Magdalena Teitipac, Capulálpam de Méndez, San Jerónimo Silacayoapilla, Santo Domingo Zanatepec, Santa María Zaniza, San José del Progreso, Ocotes y Vergel, Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Santiago Laollaga, San Juan Mixtepec, Santa María Zoogochí, Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, Las Huertas, San Matías Chilazoa, La Guadalupe, Santa Catarina Lachatao, El Vergel, Los Ocotes, Barrio del Progreso, Taniche

[4] Artículo 42 de la Ley Minera

[5] Artículo 6 de la Ley Minera

[6]http://portalweb.sgm.gob.mx/economia/es/mineria-en-mexico/proyecto-por-localizacion/359-oaxaca.html, consultado en agosto de 2016. Las empresas involucradas son: Almaden Minerals LTD-Canadá, Arco Resources Corp-Canadá, Argentum Silver Corp-Canadá, Aura Mining Inc-Canadá, Intrepid Mines Ltd-Australia, Pan American Silver Corp-Canadá, Big North Graphite Corp-Canadá, Chesapeake Gold Corp-Canadá, Fortuna Silver Mines-Canadá, Continuum Resources Ltd-Canadá, Radius Gold Inc-Canadá, Gold Resource Corp-USA, Hochschild Mining Plc-Perú, Golden Minerals Company-USA, Gunpoint Exploration Ltd-Canadá, Minaurum Gold Inc-Canadá, Newstrike Capital Inc-Canadá, Riverside Resources Inc-Canadá, Arcus Development Group-Canadá, Sundance Minerals-Canadá, Plata Real-México, Minera Cuzcatlán S.A. de C.V.-México, Minerales de Oaxaca S.A. de C.V.-México, Cia Minera Natividad y Anexas S.A. de C.V.-México, Investigaciones Mineras e Industriales S.A. de C.V.-México, Cooperativa La Cruz Azul S.C.L.-México, Plata Panamericana S.A. de C.V.-México, Minera del Norte S.A. de C.V.-México, Geometales del Norte-Geonorte S.A. de C.V.-México, Minera Zalamera S.A. de C.V.-México, Minerales Monclova S.A. de C.V.-México, Grafito de México S.A. de C.V.-México, Minerales Industriales de la Cruz del Norte S.A. de C.V.-México, Desarrollos Mineros del Sur S.A. de C.V.-México, Investigaciones Mineras e Industriales S.A. de C.V.-México, Cia Minera Parral y Anexas S.A. de C.V.-México, Minerales el Prado S.A. de C.V. –México, Altos Hornos de México S.A. de C.V. –México.

[8] Informe de la Misión Civil de Observación: Justicia para San José del Progreso, Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, Oaxaca México. Noviembre de 2013, publicado en: http://endefensadelosterritorios.org/endefensadelosterritorios/2014/03/16-DE-DICIEMBRE-INFORME-web.pdf

[10] El Topil 17: Minería No: San José del Progreso: Cadena de Agravios y Despojos, Neftalí Reyes Méndez, Marcos Arturo Leyva Madrid, Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA A.C. diciembre de 2012. Publicado en: http://educaoaxaca.org/images/stories/topil/eltopil-17.pdf

[11] Pronunciamiento: Foro Regional “La Minería en Oaxaca. Impactos Sociales y Ambientales”, abril de 2016. Publicado en: http://educaoaxaca.org/boletines/1935-pronunciamiento-foro-regional-%E2%80%9Cla-miner%C3%ADa-en-oaxaca-impactos-sociales-y-ambientales%E2%80%9D.html

[12] El Topil 25: Observatorio de Derechos Territoriales: Despojo Territorial en los Valles Centrales de Oaxaca, Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA A.C. Septiembre de 2015. Publicado en: http://educaoaxaca.org/images/Topil_25.pdf

 

 

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