Jennifer Haza Gutiérrez, directora de la organización Melel Xojobal, asociación que trabaja a favor de los derechos de niños, niñas y adolescentes en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, expone que en dicho estado la población indígena se ha vuelto muy vulnerable y como resultado se refleja que el 84% de los niños están viviendo en situación de pobreza.
Derivado de ello y al tener problemas para desarrollar sus proyectos de vida sus opciones se vuelven mínimas, enfrentándose a la migración o a la vinculación en actividades ilícitas, ejemplo de ello es el surgimiento de grupos armados, que viendo las problemáticas a las que se enfrentan logran reclutarlos ofreciéndoles la resolución de sus problemas de manera inmediata.
Un dato que muestra esta problemática son “los reportes de la Fiscalía de Justicia de Chiapas, en el que señala que de enero a agosto de 2021, se detuvieron a 27 mil 861 niñas, niños y adolescentes, acusados de diversos delitos; esto representa una cifra histórica de población menor de edad privada de su libertad”.
Estas cifras hacen el recuento de lo fácil que resulta reclutar infantes puesto que al ser detenidos y ser menores sus sentencias son mínimas, además, que pueden conseguir asesoría jurídica gratuita.
“Un informe de REDIM (Red por los Derechos de la Infancia en México) sobre reclutamiento, plantea la necesidad de incluir en la legislación de México el delito de reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos armados y grupos del crimen organizado”.
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