En 1972, Luis Echeverría Álvarez, entonces presidente de la República, decretó iniciar la construcción de la presa Cerro de Oro sobre los ríos Santo Domingo, San Juan Evangelista y Tesechoacán, en el estado de Oaxaca. “Cuando supimos que las aguas inundarían todo lo que teníamos y todo lo que éramos reaccionamos furiosamente pero no logramos parar la obra”, relataron después los afectados, que fueron alrededor de 26 mil campesinos y campesinas, en su mayoría indígenas chinantecos, habitantes de 37 ejidos, muchos de los cuales tenían tierras de alta calidad en las que producían maíz, frijol, chile, ajonjolí, tabaco, arroz y camote.
En esa época, más del 50 % hablaba exclusivamente su idioma. “Para desalojarnos el Estado usó la violencia verbal y hasta física, sobre todo en contra de las personas que al final del desalojo todavía se resistían a salirse de sus tierras y viviendas”. Esa lucha por justicia, quizá el antecedente más antiguo del movimiento de los afectados por las presas y en defensa de los ríos en México, comenzó en 1975.
Los testimonios de los afectados y afectadas destacan que hasta el momento en el que se emitió el Decreto Presidencial que formalizó la construcción de la obra, en 1972, la población no había sido informada y menos aún consultada. “Las autoridades no nos hicieron partícipes conscientes en la elaboración de nuestro destino; lo único que había eran noticias confusas y de personas provistas de maquinaria en la zona”. Texto de Julio César Ramírez, integrante del MAPDER. Imagen Redes Sociales.
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