Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, anunció este martes que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas será sustituido por el Instituto Nacional de Pueblo Indígenas, el cual será un organismo público descentralizado del gobierno federal que estará a cargo de Adelfo Regino Montes.
El Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, ha señalo que pretende retomar el proyecto del Corredor Transístmico, inconcluso desde la administración de Porfirio Díaz, como una de las prioridades de infraestructura durante su gobierno. Este centenario proyecto económico ha intentado que el estrecho paso entre Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz, se convierta en una vía de comunicación eficaz entre el océano Pacífico y el Atlántico, uniendo con ellos los países asiáticos con la costa Este de Estados Unidos. De acuerdo con Díaz, y el actual presidente elector, López Obrador, este proyecto detonaría la economía de la zona y crearía empleos en toda esa franja del territorio nacional. El 27 de enero de 1907, el presidente Porfirio Díaz inauguró el Corredor Transístmico con un primer cargamento de azúcar procedente de Hawái con destino a Filadelfia, que venía en el buque Arizonian que embarcó en Salina Cruz, y otro de siete mil toneladas de mercancías diversas transportadas en el Lewis Lucckenbach que llegó a Coatzacoalcos proveniente de nueva York rumbo a San Francisco, California. El proyecto estuvo a cargo de la compañía inglesa Pearson and Son Limited, que comenzó la construcción en 1898, quien consiguió la concesión de las vías del ferrocarril entre Salina Cruz y Coatzcoalcos, a cambio de proyectos de infraestructura en ambos puertos. El corredor funcionó apropiadamente entre 1907 y 1913, periodo en que hubo un marcado desarrollo económico en ambos puertos mexicanos, logrando que Salina Cruz pasara de ser una agencia de Tehuantepec, a un municipio con servicios básicos, incluyendo agua, luz y telégrafo.
Sin mayor trámite, la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas de la 63 Legislatura local envió la Iniciativa con Proyecto de Decreto, para adicionar y reformar disposiciones de la Constitución Política local, sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca, al archivo definitivo en julio del año pasado.
Habitantes de diversos municipios de la Sierra Norte de Puebla demandaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se abstengan de continuar violando los derechos de los pueblos, al autorizar nuevos permisos y concesiones a las empresas Deselec-Comexhidro y Almaden Minerals que pretenden construir la hidroeléctrica Puebla 1 e iniciar la explotación de oro y plata en el proyecto Ixtaca.
Los recursos del Proyecto de Seguridad para Zonas Rurales (PESA) para Oaxaca han aumentado muy poco. Apenas entre seis y ocho millones por año.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua), aseguró que no otorgarán ni una sola concesión de agua potable para la industria minera y de hidrocarburos, como se advierte que sucederá con los diez Decretos de Reserva de agua publicados el pasado 6 de junio en el Diario Oficial de la Federación.
Durante el primer trimestre del año la empresa canadiense Gold Resource Corporation (GRC) reportó ingresos por 32.2 millones de dólares por la extracción de oro y plata en la entidad.
La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), indicó que no existe reporte alguno por fuga de hidrocarburo en Salina Cruz, reportada por pescadores a mediados de la semana pasada.
Mariano Vicente, regidor de Ecología del gobierno municipal, indicó que la constante contaminación que genera Petróloeos Mexicanos se ha incrementado el número de afectaciones a la salud, y sobresalen enfermedades de la piel, nariz y garganta.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) invertirá 22 mil 80 millones de pesos en la construcción y modernización de la línea de transmisión de corriente directa Yautepec- Ciudad Ixtepec.
Pese a la inconformidad social que ha generado la entrega de concesiones mineras sin el consentimiento de comunidades oaxaqueñas, el Gobierno del Estado continuará impulsando esta industria, que en 2018 prevé una inversión de 80 millones de dólares a través de empresas nacionales, informó el secretario de Economía Juan Pablo Guzmán Cobián. Tras descartar que los bene×cios para las comunidades sean nulos por el ingreso de mineras a sus territorios, el funcionario subrayó la importancia que estas inversiones tienen para la entidad, desde la generación de impuestos hasta la creación de un fondo que bene×cia proyectos de infraestructura en municipios donde se llevan a cabo proyectos de exploración y extracción de minerales.
El gobernador Alejandro Murat anunció que este año, empresarios canadienses invertirán 87.5 millones de dólares en el rubro de la minería en los próximos seis meses y con lo que se generarán más de cinco mil empleos directos.
Pese a la resistencia de los pueblos de Oaxaca en contra de la extracción minera en sus territorios, el gobierno estatal se ha dado a la tarea de anunciar recientemente la llegada de nueva inversión al estado, así como el otorgamiento de más concesiones a estas empresas. Además, debido a la riqueza en metales y minerales del subsuelo oaxaqueño, el ejecutivo estatal se encuentra promocionando a la entidad como un candidato para la inversión minera canadiense.
El gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, solicitó a la 63 legislatura otorgue el consentimiento para que los bienes inmuebles que formarán parte de la Zona Económica Especial (ZEE) de Salina Cruz sean considerados jurisdicción exclusiva de los poderes federales, por lo que su seguridad, resguardo y protección serían exclusividad del ejército y policías de la Federación.
Luego de permanecer al margen de las tres primeras declaratorias de creación de 
La Zona Económica Especial (ZEE) de Salina Cruz, Oaxaca, es viable jurídica, económica, ambiental y socialmente, y que atraerá inversiones productivas y la creación de empleos formales en la región sur-sureste del país, estableció la Comisión Intersecretarial de la Zonas Económicas Especiales (CIZEE)
Las tres Zonas Económicas Especiales (ZEE) con declaratoria, Lázaro Cárdenas-La Unión, Coatzacoalcos y Puerto Chiapas, cuentan con un potencial de inversión de 30,800 millones de dólares para los próximos 20 años.
La Empresa mexicana ENERSI invertirá 3 mil 580 millones de pesos, la cual será una de las más importantes para Oaxaca, pues se transforman en proyectos de energías limpias que ayudan a combatir los efectos del cambio climático.
Ante la crisis humanitaria en Chiapas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares a favor de cuatro mil personas víctimas de desplazamiento forzado por la violencia desatada por conflictos de límites territoriales.
La página oficial del Gobierno del estado de Oaxaca lanzó el comunicado acerca de una inversión de 3 mil 580 millones de pesos que se realizará a través de la empresa mexicana ENERSI para la instalación de un proyecto hidroeléctrico en el municipio de San Felipe Usila que aprovechará los ríos que cobijan a ese y municipios aledaños.
La Ley del Agua del Estado de Oaxaca presentada ante el Congreso Local por las comisiones permanentes unidas de Administración de Justicia y de Recursos Hidráulicos del Congreso del Estado de Oaxaca, abre la puerta a la privatización en la construcción, operación y administración de la infraestructura hidráulica.
La suspensión de las operaciones en 21 parques eólicos de la zona del Istmo de Tehuantepec suman al momento 26 días. Cenace no ha podido autorizar el reinicio de operaciones debido al sismo del 19 de septiembre y a las más de seis mil réplicas en la localidad.El siguiente sismo del 19 de septiembre, y las más de seis mil réplicas registradas en la localidad, han impedido al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) autorizar el reinicio de las operaciones de las mil 186 turbinas generadoras de la energía debido a que no se ha terminado de hacer la evaluación de los daños generados.
“Se revisan todas las subestaciones de cada parque, hay una subestación en cada uno de ellos, cada una concentra la energía a una que la almacena para su distribución”, afirmó una fuente de la Subsecretaría de Energía del Gobierno de Oaxaca en entrevista con El Financiero.
El fisco mexicano y empresas mineras de Canadá sostienen una mesa de diálogo para resolver el caso de 360 millones de dólares (mdd) retenidos en devoluciones de impuestos a seis mineras canadienses que operan en México.
La viabilidad de las Zonas Económicas Especiales (ZEEs) está garantizada en largo plazo, sin importar el partido político que llegue a la presidencia de la República en 2018, afirmó el titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las ZEEs, Gerardo Gutiérrez Candiani.
(…) Las vías de comunicación son arterias del progreso, crecimiento y desarrollo humano y de los pueblos. Ésta es una verdad por demás sabida que se comprobará, una vez más, en Oaxaca, cuando en 18 meses más se terminen los trabajos de las dos súper carreteras en cuestión.
El Gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa, anunció la inversión de mil 200 millones de dólares del Grupo Mitsubishi Corp, como parte del proyecto de “Eólica del Sur”, en los municipios de Juchitán de Zaragoza y El Espinal, del Istmo de Tehuantepec, como resultado de la política de desarrollo económico y sustentable impulsada de manera coordinada por los gobiernos de la República y del Estado de Oaxaca.
El jefe de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), Gerardo Gutiérrez Candiani, realizó diversas reuniones de trabajo con el fin de atraer inversiones y lograr la integración a la Alianza del Pacífico de las ZEE.
El Senado de la República advirtió que para detonar el desarrollo y crecimiento de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) en el país, tiene que darse una estricta vigilancia del marco jurídico (nacional y local), así como la intervención de los diversos sectores de la población (público, privado y social) en las distintas etapas del proceso, pues entre las Organizaciones de la Sociedad Civil prevalec la desconfianza por el daño que se pueda generar al medio ambiente y a su entorno.
Lázaro Cárdenas, Puerto Chiapas y en el Istmo con Veracruz y Oaxaca, así como Yucatán, son las
Las Zonas Económicas Especiales (ZEE) son la mejor manera en la que México puede enfrentar un paquete fiscal tan agresivo como el que plantea en Estados Unidos su presidente Donald Trump, señaló Gerardo Gutiérrez Candiani, titular de la Autoridad Federal para las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE).
Para las Zonas Económicas Especiales (ZEE) del país se tiene, hasta el momento, un monto potencial de inversión por cinco mil millones de dólares, además de que todo el proceso de conformación de este proyecto está “blindado” contra cualquier acto de corrupción, sostuvo el jefe para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), Gerardo Gutiérrez Candiani.
Tannos Cruz hizo hincapié en que ahora con esta apertura de tiene que realizar un plan para poder explotar los puntos turístico para que así en coordinación los gobiernos, legisladores y habitantes puedan sacar más provecho a este nuevo medio de transporte.
Funcionarios de la Secretaria de Energía (Sener), se reunieron con alcaldes de Unión Hidalgo y Santo Domingo Ingenio, con el propósito de establecer los primeros acercamientos que deriven en la realización de las consultas ciudadanas y la ejecución de los proyectos eólicos en el año 2020.
Ante el panorama de incertidumbre por la nueva negociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, la devaluación del peso, y el creciente endeudamiento público, resulta importante promover el crecimiento del mercado interno, enfatizó el diputado federal Sergio López Sánchez, al presentar una reforma a la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (ZEE).
El presidente municipal Wilson Sánchez Chévez se reunió la mañana de ayer con los diversos comités de propietarios de tierras de las empresas eólicas que funcionan en este municipio para atender sus principales demandas, de manera conjunta.
Gutiérrez Candiani manifestó que en las primeras cuatro zonas existen inversiones con un potencial de 5,000 millones de dólares, que podrían generar hasta 25,000 empleos
Diez meses después de que se promulgó la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (ZEE), en abril se emitirán las declaratorias para poner en marcha las primeras tres zonas de las 10 que hasta ahora tiene previstas el gobierno federal, y que son presentadas como polos de desarrollo económico en los estados más pobres del país, con beneficios fiscales y laborales especiales para las empresas nacionales y extranjeras que se instalen en ellas.
Los inversionistas que lleven sus negocios a las Zonas Económicas Especiales (ZEE) anunciadas por el gobierno federal el año pasado recibirán una condonación del 100 por ciento en el pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante los primeros diez años y de 50 por ciento durante los siguientes cinco, con el fin de fomentar sus actividades productivas.
Con el objetivo de dar facilidades fiscales, aduaneras y tributarias a inversionistas que apuesten por el crecimiento económico de las regiones más pobres del sur-sureste del país, el Senado aprobó con 88 votos a favor y ocho en contra la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y una adición al artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales.
De acuerdo con el acta de la sesión extraordinaria del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, del 10 de marzo pasado, se dividirá en 10 empresas que se enfocarán a la generación, distribución, transmisión eléctrica y suministro básico. Operarán en el mercado eléctrico 6 empresas subsidiarias de generación eléctrica. Además creará una subsidiaria para atender el suministro básico, otra compañía encargada de la distribución y una más que coordinará las actividades de transmisión eléctrica.
La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (STyDE), a través de la Dirección de Industria y Minería, se ha dado a la tarea de impulsar el sector minero del estado, dada la gran diversidad de minerales que existen: plata, oro, plomo, zinc, hierro, titanio y uranio.
Se realizo la instalación del Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras en el Estado de Oaxaca, la titular de la SEDATU afirma que por primera vez hay una responsabilidad legal de las empresas mineras, ya que por cada peso que pagarán por la explotación, 50% se destinará a los municipios, señalo también que Este Comité es un órgano colegiado integrado por representantes de los tres órdenes de Gobierno, comunidades agrarias y empresas mineras, y tendrá entre sus atribuciones definir la aplicación de los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros.
El Secretario de Energía, Licenciado Pedro Joaquín Coldwell presentó el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN), documento de referencia y consulta en materia de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica que permitirá orientar la inversión productiva en infraestructura para satisfacer la demanda de este sector y que de acuerdo con lo establecido en la nueva Ley de la Industria Eléctrica y en su Reglamento, su elaboración está a cargo de la Secretaría de Energía (SENER).
La inversión en el sector minero en Oaxaca ha acumulado en los últimos cuatro años más de cinco mil millones de pesos, lo que ha colocado a Oaxaca del lugar número 22 al nueve a nivel nacional, informó la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (Styde).
La Cámara de Diputados aprobó integrar un sistema nacional anticorrupción, los proyectos mineros deberían ponerse bajo la lupa. Y es que la mayoría de éstos se construyen con el apoyo de caciques, corrompiendo a las autoridades locales y federales, y en contra de la voluntad del pueblo: lejos de consultar a los dueños de la tierra –generalmente ejidatarios de origen campesino e indígena–, los despojan de su patrimonio en total impunidad. De acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), que identifica 34 conflictos mineros vigentes en México. De acuerdo con el mapa de la conflictividad elaborado por el OCMAL, se trata de la operación al margen de la ley de la Minera San Xavier, en San Luis, Potosí; el derrame de la Minera María, en Sonora; el conflicto de Cananea, entre el Grupo México y Sindicato Minero; el derrumbe en Pasta de Conchos, Coahuila; la usurpación de tierras a ejidatarios de Huizopa, Chihuahua, por parte de Minefinders; la contaminación del agua de Guanajuato por Great Panther; el levantamiento de los ejidatarios contra la mina de barita de Blackfire Exploration en Chicomuselo, Chiapas; la contaminación con arsénico del agua de Cocula, Guerrero; el caso de la Mina de Oro Nacional (canadiense) contra habitantes de Mulatos, Sonora; el tercer intento de Los Cardones por explotar Sierra de la Laguna (antes Paredones Amarillos), en La Paz, Baja California. En esta misma lista se incluye la criminalizan de la protesta de habitantes de San José del Progreso por la minera Trinidad, en San José del Progreso, Oaxaca; así mismo se encuentran identificados como focos rojos la expulsión de una minera de Magdalena de Teitipac, Oaxaca.
La SEMARNAT emite en su gaceta ecológica la lista de proyectos ingresados en las Delegaciones Federales, en la posición número 23 y con fecha 13 de enero de 2015 se encuentra el ingreso de una MIA-PARTICULAR con clave 20OA2015MD005 del proyecto parcela 1579, localizada en el ejido San José del Progreso, Distrito de Ocotlán, Oaxaca, por las obras camino terracería, cresta y una parte de la presa de jales, tinaco de 5000 Lts, centro de control de bombas y pario de almacenamiento en una superficie de 2.79 Ha. promovido por la compañía minera Cuzcatlan S.A. de C.V. en donde se señala que los elementos que integran el proyecto se refiere a las actividades derivadas de las obras de infraestructura de apoyo para la explotación de los minerales y sustancias reservadas a la federación y que son relativos a la presa de jales; así como la disposición final de sus residuos, así mismo el rescate de especies de importancia ecológica, plancha de concreto y colocación de tinacos de tal manera que se cumpla lo establecido.
Las grandes obras de infraestructura son un desafío creciente para el Poder Judicial mexicano; en su realización, se desplazan poblaciones, se alteran o destruyen ecosistemas enteros, y se suspenden o violentan derechos fundamentales del individuo y las comunidades. Ante este panorama la SCJN ha determinado publicar un Protocolo que sería orientador en las decisiones de los jueces y magistrados de distrito, y además, podría apoyar a otras instancias autónomas.
El 22 de octubre de 2014 la CONAGUA emitió su opinión técnica después de corroborar el fenómeno de lluvia severa e inundación fluvial y pluvial ocasionado por la Tormenta Trudy; el 23 de octubre de 2014 se instaló el Comité de Evaluación de Daños en el cual el Gobierno del Estado de Oaxaca presentó a la Secretaría de Gobernación la Solicitud de Declaratoria de Desastre Natural respectiva. En consecuencia la SEGOB emitió la Declaratoria de desastre natural por la ocurrencia de lluvia severa e inundación fluvial y pluvial de 17, 18 y 19 de octubre, en 33 municipios del Estado de Oaxaca, entre ellos se encuentran municipios de la región de la costa que resultaron afectados por la tormenta tropical Trudy del 17 al 19 de octubre de 2014 y fue publicada en el DOF el 29 de octubre de 2014.
El Defensor de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca Arturo Peimbert Calvo durante la ponencia “Nuevos Horizonte para los Derechos Humanos” que tuvo lugar en la ceremonia por el XIX aniversario luctuoso de Nahum Carreño Vásquez advirtió que autoridades gubernamentales y empresas deben revisar y modificar sus mecanismos de actuación en relación con la explotación minera, la instalación de plantas para la generación de electricidad a partir de energía eólica y en la construcción de la presa Paso de la Reina, ya que los mecanismos empleados por empresas y permitidos por distintos niveles de gobierno ya generaron inconformidad y denuncias sobre la falta de consulta o la realización de consultas amañadas, en contravención de lo dispuesto por el marco internacional de los derechos humanos. Detalló que los principios de la ONU en esta materia se apoyan en tres pilares: el deber del Estado de proteger los derechos humanos; la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, y la necesidad de mejorar el acceso a las vías de reparación de las víctimas de abusos relacionados con las empresas.
La Diputada Remedios Zonia López Cruz Presidenta de la Comisión Permanente de Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable en la LXII Legislatura del Estado, convocó a presidentes municipales de la Costa del estado de Oaxaca, así como a integrantes del Colegios de Ingenieros y Arquitectos a una reunión que se llevó a cabo en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad en la ciudad de Oaxaca, en donde directivos de la CFE dieron a conocerse los avances del Proyecto Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples Paso de la Reina.
El consejero presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Arturo Peimbert Calvo, admitió que en Oaxaca se han generado violaciones importantes al derecho que tiene que ver con la consulta libre e informada de pueblos y comunidades, sobre la construcción y/o instalación de megaproyectos.
Nereo García García Delegado de la PROFEPA, informo que la actividad minera en Natividad, Ixtlán de Juárez y Cuzcatlán enfrenta problemas con esta dependencia federal, al no cumplir con las normas ambientales establecidas para el desarrollo de esta actividad. El delegado explicó que en Cuzcatlán existe una queja por el procedimiento de los trabajos mineros, por lo que incluso hubo una sanción y existen verificaciones. También dijo que nunca falta quien piense que la PROFEPA no se va dar cuenta de los trabajos de exploración que realizan, acusando después a la procuraduría de obstaculizar los trabajos cuando son las empresas mineras quienes infringen la ley; también dijo que la visión empresarial minera existe un problema, ya que la mayoría de los mineros primero comienzan los trabajos y luego quieren obtener los permisos para el cambio de uso de suelo. “Minimizan el tema ambiental, pero la PROFEPA por programa o denuncia inspeccionan las áreas” señaló.
En el marco del taller » Gestión ambiental» Vicente Aranda Vázquez director de Industria y Minería de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (STyDE), explicó que el desplome en la inversión en el sector minero en Oaxaca obedece a que las industrias extranjeras ‘huyeron’ del estado debido a la baja producción, situación a la que se sumó la crisis y desplome en el precio de los metales en el mercado internacional además de la aplicación de nuevos impuestos establecidos en la reforma fiscal, descartó que los conflictos sociales y la oposición de las comunidades, sean los factores que ahuyentan la inversión en territorio Oaxaqueño, y aseguro que la caída de la inversión privada en Oaxaca se debe a que las empresas mineras con trabajos de exploración se retiraron de la entidad al no obtener los resultados esperados, tanto en lo económico como en los materiales que pretendían explotar. Informo también que de los 15 proyectos que había en 2010 actualmente prevalecen apenas nueve de ellos, distribuidos en las regiones del Istmo, Mixteca y Cañada.
Oaxaca es considerado como uno de los estados de mayor potencial minero a nivel nacional, por la presencia de grandes extensiones de cobre, plata, oro, zinc, antimonio, y de minerales no metálicos que lo ha convertido en un territorio susceptible de problemas por la llegada de las empresas mineras internacionales. Julián Eduardo López Reyes gerente regional Sur del SGM, durante su ponencia en el Taller “Gestión Ambiental en la Minería” señaló que en el estado hay 14 regiones mineras entre las que se encuentran: la Región Mixteca, Taviche, San José de Gracia, Zaniza, San Miguel Peras, la Sierra Norte, Telixtlahuaca, Pochutla, La ventosa, Tapanatepec, La Ventosa, Tlaxiaco, entre otras. Según datos de la SENER del Gobierno Federal, para el año 2008, las concesiones para la exploración y explotación, cubrían el 12.5% del territorio estatal, y se han otorgado 20 proyectos a diversas empresas; algunas mantienen hasta dos o tres proyectos en diversas zonas. Algunas empresas son Golden Trump Resources S.A de C.V, Linear Gold Corp, Arco Resources Corp, Zalamera, S.A. de C.V. filial de Chesapeake Gold Corp, Cemento Portland Cruz Azul, SCL, Fortuna Silver-Continuum Resources, Compañía Minera del Norte, Aurea Mining Inc, Linear Metals Corp, Radius Gold, Compañía Minera Plata Real, New Coast Silver Mines LTD, Aura Silver Resources Inc- Intrepid Mines Ltd. Entre las empresas que se dicen “explorando” las zonas se encuentran Golden Trump Resources, s.a. de C.V. en San Pedro Totolapam, Zalamera, S.A. de C.V./chesapeake cerro calavera exploración regional Gold Corp-Minera Pinnacle de México, en San Dionisio Ocotepec, fortuna mines/cia. Minera Cuzcatlán en San José del Progreso. Debido a los problemas con grupos defensores del territorio y ante la negativa de la entrada de las empresas trasnacionales “que han saqueado los minerales” hay 21 minas inactivas. Actualmente en Oaxaca solo existe 1 mina activa de minerales metálicos.
Organismos de Derechos Humanos de Oaxaca acusaron a funcionarios de la CFE de hostigar a 42 poblaciones para imponer la construcción de la presa “Paso de la Reina”. El presidente de la DDHPO, Arturo Peimbert argumentó que la construcción de la presa traerá afectaciones a más de tres mil habitantes, que representa riesgo de afectación a los pozos de agua dulce y de riego que abastecen a las comunidades de Manialtepec y Chacahua, que hay riesgo de desastre porque el sitio donde se quiere construir la cortina de la presa está catalogado como una franja sísmica activa, también que los gobiernos ocultan información. Pide la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para sancionar dentro su competencia un acto de abuso de autoridad por parte del gobierno federal. Expresó que ellos quieren que se haga la consulta para que las comunidades puedan determinar si aceptan o rechazan la obra y que el proceso debe ser diáfano e inteligible y pide a la CFE no haya mecanismos inductivos de la para imponer sus criterios, ya que está afectando la paz social de una parte de la zona costera de Oaxaca, aseguró también que la CFE ha ocultado las consecuencias reales que la obra tendrá en las tres mil 100 hectáreas que abarca, pues producirá desplazamiento forzado, y desmintió al Gobierno del Estado quien ha difundido que el 75 por ciento de los habitantes de las poblaciones “están de acuerdo con su ejecución, lo cual es falso, ya que existen actas de asamblea donde se rechaza la construcción de la presa.
El Consejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) a través de un pronunciamiento reveló su preocupación por las posibles violaciones a los derechos humanos de habitantes de 47 comunidades de la Costa, debido a la creación de la presa hidroeléctrica Paso de la Reina; en ese documento explicaron que el pasado 13 de junio, durante la Segunda Sesión Regional Ordinaria del Consejo Ciudadano realizada en Puerto Escondido, recibieron diversas denuncias respecto a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hostiga a 42 comunidades que decidieron negar su consentimiento para la continuación de los trabajos de construcción de la presa previsto sobre el Río Verde. El consejo de la defensoría señaló que se afectaría incluso a los indígenas no desplazados, pues el proyecto generaría transformaciones ambientales que implicarían daños a los recursos de los que depende la economía y la sobrevivencia física de las poblaciones asentadas en el área; y que aun cuando el proyecto de la presa hidroeléctrica Paso de la Reina es de índole federal, considera importante que los gobiernos municipales y el gobierno del estado de Oaxaca, mediante la acción coordinada de sus tres poderes, se involucren en el tema para que promuevan, protejan y garanticen los derechos humanos de la población. Las y los consejeros informaron que la DDHPO investigará estas quejas y desde su espacio de acción vigilará y tomará las medidas correspondientes para proteger los derechos fundamentales de las personas y los pueblos de la Costa de Oaxaca, como le corresponde al ser la instancia rectora del organismo público estatal para la defensa y promoción de los derechos humanos.
El Consejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca realizarón una Sesión Regional Ordinaria del Consejo Ciudadano en Puerto Escondido, donde recibieron diversas denuncias respecto a que la Comisión Federal de Electricidad hostiga a 42 comunidades que decidieron negar su consentimiento para la continuación de los trabajos de construcción de la presa previsto sobre el Río Verde. Durante la sesión integrantes de las comunidades denunciaron que la empresa paraestatal engañó a las comunidades al ocultar las consecuencias reales que la obra tendrá en las tres mil cien hectáreas que abarca, pues producirá desplazamiento de personas lo que representa graves riesgos de agravios a los derechos de los pueblos chatinos, mixtecos, zapotecos y afromestizos que habitan la zona. Manifestaron que el proyecto de esta presa hidroeléctrica es una muestra de cómo diversos megaproyectos relacionados con la generación de energía y la explotación de los recursos naturales son puestos en marcha sin tomar en cuenta los derechos humanos, tanto individuales como los colectivos de los pueblos indígenas.
El Consejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca manifestó su preocupación por las posibles violaciones a los derechos humanos de habitantes de 47 comunidades de la Costa, que serían por la creación de la presa hidroeléctrica Paso de la Reina. En un documento suscrito por las consejeras María Eugenia Mata García, Martha Julia Avendaño Cordova, Sara Pilar Méndez Morales, así como por los consejeros José Bernardo Rodríguez Alamilla, Pedro Matías Arrazola, Héctor Lorenzo Estrada y por el consejero presidente Arturo Peimbert Calvo, explican que el pasado 13 de junio durante la Segunda Sesión Regional Ordinaria del Consejo Ciudadano realizada en Puerto Escondido, recibieron diversas denuncias respecto a que la Comisión Federal de Electricidad hostiga a 42 comunidades que decidieron negar su consentimiento para la continuación de los trabajos de construcción de la presa previsto sobre el Río Verde.
La Delegación de la SAGARPA en Oaxaca estableció un convenio de colaboración con el gobierno del estado, a través de la STyDE mediante el cual se apoyará la integración de proyectos para minería social. El delegado de la SAGARPA Manuel García Corpus expuso que con este acuerdo los habitantes de comunidades de alto grado de marginación que no tienen actividad agrícola y pecuaria pero que si cuentan con vocación minero no metalífero, podrán acceder a incentivos de hasta un millón de pesos de componente de minería social, y que el trabajo coordinado entre ambas instancias permitirá mejorar el proceso de extracción y transformación de los minerales de uso artesanal, industrial, agrícola y de derivados pétreos para la construcción. Por su parte José Zorrilla de San Martín Diego secretario de la STyDE dio a conocer que el Gobierno del Estado buscará contar con un área técnica especializada para evaluar y proponer proyectos mineros sociales, también informo que se tienen identificados 20 proyectos en la Dirección de Industria y Minería que cumplen con los requisitos para ser apoyados por la SAGARPA.
Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que contiene el Plan Nacional de Infraestructura 2014 – 2018, en donde bajo la estrategia 2.5 se plantea desarrollar infraestructura de generación eléctrica para el aprovechamiento de combustibles eficientes, de menor costo y con bajo impacto ambiental en la línea de acción 2.5.3 se menciona nuevamente el desarrollo de proyectos de generación con recursos renovables hidrícos, eólicos y solares. En el listado de principales proyectos de inversión se menciona en el cuarto lugar el proyecto Aprovechamiento Hidráulico de usos Múltiples Paso de la Reina Oaxaca consistente en una central hidroeléctrica con capacidad de 543 mw. Para este proyecto se contempla una inversión total estimada de 15,408 mdp. (Nota: en el mismo decreto viene el mapa, checar mapa figura 3.6) Se estima que la participación de la inversión privada en los proyectos de generación se incremente hasta representar 15% de la inversión total en 2018. En el mismo documento se señala que en la región Sur – Sureste se tienen considerado invertir en 133 proyectos estratégicos con un monto total de inversión de 1,099,070 mdp asignándole a la CFE una inversión de 110, 000 mdp que representa el 18.5% de la inversión de la empresa productiva eléctrica donde se destacan centrales hidroeléctricas Paso de la Reina.
En el diario Oficial de la federación se dice que el Plan Nacional de Infraestructuras será obligatorio para las Secretarias de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Energía, Comunicaciones y Transportes, Salud, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y Turismo, así como las entidades paraestatales coordinadas por las secretarías y que deberán elaborar sus respectivos planes anuales y anteproyectos de presupuesto. Se señala también que la Secretaría de la función pública vigilara el cumplimiento de las obligaciones de dicho decreto. Dicho plan contara con una inversión pública y privada histórica de 7.7 billones de pesos. En presencia de 28 gobernadores y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal Enrique Peña Nieto anuncio «En la región sur-sureste vamos a impulsar del orden de 189 proyectos, con una inversión de prácticamente 1.25 billones de pesos, para detonar su potencial turístico, agropecuario, energético e industrial, así como para fortalecer su conectividad». Educa por su parte denuncia que el Plan se elaboró sin consulta previa los pueblos como Paso de la Reina. La dependencia señala que la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de su competencia, vigilará el cumplimiento de las ob