De acuerdo al Anuario 2016 de las actividades extractivas en México publicado por Fundar, más de la mitad de los 22 municipios dedicados a la producción de oro sufre una tasa de pobreza extrema mayor al promedio nacional; mientras que un 76% de ellos supera el promedio de población en situación de pobreza.
Beatriz Olivera agregó que la minería es una de las actividades más contaminantes y generadoras de conflictos en el país y que generó solo un 0.32% de los ingresos nacionales de 2016.
Aunado a este desequilibrio, el sector minero comete muchas infracciones que son ignoradas por la Secretaría de Economía (SE), encargada de sancionar a los que evaden impuestos, inspeccionar obras y llevar un registro de los consorcios mineros.
El sector minero cuenta con el privilegio de ser considerado estratégico para la economía nacional, por lo que tiene prioridad sobre las otras actividades, así como una legislación que los protege en caso de conflicto social.
Una superficie de 21 millones de hectáreas es cubierta por las 25 mil 178 concesiones mineras del país, de las cuales mil 609 se encuentran en Áreas Naturales Protegidas (ANP).
A su vez, las empresas mineras cuentan con mil 36 títulos de aprovechamiento del agua, equivalente a 436 millones de metros cúbicos anual del vital líquido, otorgados por el gobierno mexicano. Poco más de la mitad es extraída de los estados de Sonora, Zacatecas y Michoacán.
Por si fuera poco, durante el mes de mayo un grupo de diputados priistas presentó una reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que permitirá a las empresas mineras deducir de sus impuestos 100% de los costos de exploración de yacimientos.
Con la finalidad de compensar los daños que causa la actividad minera en los estados donde se realiza y sacar mayor provecho de la industria, el gobierno mexicano instauró tres nuevos tipos de derechos mineros que las empresas tendrían que pagar a partir de 2015.
El primero es el derecho “especial”, que cobra el 7.5% de los ingresos sobre las ventas derivadas de la minería. El segundo es el “extraordinario”, que establece un cobro adicional de 0.5% sobre la venta de oro, plata y platino. Finalmente, el derecho “adicional” exige una recaudación para los concesionarios que no realizaron obras.
En 2015 solo 227 empresas de 2 mil 884 pagaron derechos mineros. Ciento cuarenta pagaron el especial; 80, el extraordinario y siete, el adicional.
Una de las empresas sospechosas de evasión es la Compañía Minera Cuzcatlán, filial del grupo canadiense Fortuna Silver Mines, ubicada en el municipio oaxaqueño de San José del Progreso desde 2011 y hasta el 2050.
Su productividad es muy grande. El año 2015 extrajo una tonelada de oro y 138 toneladas de plata. Aún así, a solo 2 kilómetros de los 6 mil 600 habitantes viven de manera precaria, pues cuatro de cada 10 padecen pobreza extrema y nueve de cada 10 son pobres.
La Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, asevera que los únicos beneficiados han sido los miembros de los tres gobiernos municipales que ha habido en los últimos años.
Lo que queda claro es que cuatro personas han sido asesinadas en relación al proyecto minero desde 2011. Las víctimas fueron dos opositores y dos promotores, quienes murieron en un atentando. La coordinadora señala que también recibió amenazas debido a su oposición al proyecto.
Datos publicados por fundar indican que al menos 35 conflictos socioambientales en el país son a causa de la industria minera. Además, en 2016, 10 de las 63 agresiones contra activistas fueron relacionadas a la oposición minera.
- : Medios de comunicación
- : 01/07/2017
- : Defensoras y defensores comunitarios
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- : San José del Progreso
- : Fundar
- : Afectaciones y Violación de Derechos
- : https://www.debate.com.mx/mexico/Gobierno-y-mineras-un-negocio-impune-20170701-0330.html