Contexto hidro-energético en Oaxaca

Elaborado por Ana María García Arreola.

Área de Derechos Territoriales EDUCA A.C.

Descargar mapa Proyectos Hidroeléctricos en el Estado de Oaxaca

Las reformas y los cambios en leyes

México ha cambiado legal y estructuralmente el sistema energético a través de la llamada reforma energética, que se tradujo en la reforma al artículo 27 constitucional y más de 12 leyes secundarias. Este cambio implica que la Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresa productiva que competirá al igual que cualquier otra empresa por el mercado energético. El nuevo esquema permite la entrada de empresas a todas las etapas del proceso productivo lo cual representa una gran oportunidad de negocios para las mismas, pero una amenaza para los territorios.

Por otra parte a la par de la apertura del sector energético a capital privado, el impulso a la política de la energía limpia adquiere mayor preponderancia, se promueve ahora la captación de recursos a través de los Mecanismos de Desarrollo Limpio MDL para el cumplimiento de metas contra el cambio climático. En este año se realizó la primera subasta de 6.3 millones de Certificados de Energías Limpias (CEL) por parte de CFE para empresas privadas¹. Esta subasta concluirá con la asignación de contratos de largo plazo de 15 a 20 años entre las empresas generadoras de “energías limpias”. El gobierno mexicano pretende cubrir la meta de 5% de su consumo en CEL para 2018. Cualquier empresa ahora podrá por ejemplo vender un paquete de energía y CELS. La primera subasta la ganaron Sun Power Systems, Enel, Parque Eólico Reynosa III, Gestamp Wind, Recurrent Energy, Alten Energías Renovables del Istmo, que invertirán en su conjunto 2 mil 116 millones de doláres de 2016 a 2018.²

Sin embargo para varios expertos existe un problema en la definición de energías limpias en las leyes mexicanas, por ejemplo se consideran a las hidroeléctricas y la energía nuclear, sin considerar los graves impactos ambientales que están han tenido.

El panorama para Oaxaca

Oaxaca ofrece bienes comunes como los ríos, manantiales, vientos y otras fuentes de agua, que podrán ser concesionados a empresas para la producción de energía. A través de un análisis realizado por EDUCA³ del Inventario Nacional de Energías Renovables (INERE) elaborado por la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía del Gobierno Federal se han identificado posibles proyectos de inversión “verde” en territorios oaxaqueños. Existen proyectados al menos 66 proyectos de “pequeñas” hidroeléctricas, 1 proyecto de gran hidroeléctrica y 8 proyectos de aerogeneradores.

La Comisión Federal de Electricidad todavía es la ejecutora de algunos proyectos hidroeléctricos, pero en Oaxaca han presentado proyectos las empresas Electricidad del Istmo, ENERSI, COMEXHIDRO y Electricidad de Oriente⁴. La distribución de la energía también abierta a empresas está abriendo un potencial mercado a empresas nacionales y extranjeras.

Preocupaciones en materia de Pueblos Indígenas y Derechos Humanos e inversiones

Los cambios de nueva matriz energética y una nueva estructura del sector energético en México se contraponen con todos los avances en materia de Derechos de los Pueblos indígenas y Derechos Humanos que se han logrado de manera progresiva, más aún porque la regulación de las empresas es incipiente y no existen mecanismos que hagan justiciables los derechos.

Para el caso Oaxaca centramos la atención en algunas consideraciones:

1. En Oaxaca la propiedad social de la tierra es de más del 80% entre ejidos y comunidades agrarias⁵, los proyectos planteados para la producción y comercialización de energía, bajo el nuevo marco legal, desconocen los derechos agrarios a través de los mecanismos de expropiación.

2. Los procesos de negociación contemplados en las leyes energéticas conducen irremediablemente a la cesión de territorios a empresas, se establecen servidumbres legales que restringen el uso y disfrute a los poseedores y propietarios. El modelo privilegia a las grandes empresas nacionales y extranjeras que puedan cumplir con los requisitos de sostenibilidad financiera.

3. La actividad de la industria eléctrica tiene preferencia sobre cualquier otro uso u aprovechamiento que se da a la tierra. Con las concesiones sobre ríos por parte de empresas, incluidas la Comisión Federal de Electricidad, las comunidades verán afectadas su acceso al agua, al territorio y a sus formas de vida.

4. Varios de los proyectos hidroeléctricos se proyectan en territorios indígenas zapotecos, chatinos, mixes, chinantecos, mixtecos. Si bien en la reforma energética se incorpora la consulta como un requisito (a pesar de que esta reforma no fue consultada), en su implementación los gobiernos y las empresas son juez y parte, conducen el proceso y encaminan a la negociación sin posibilidad de veto o cancelación. Esta situación contraviene los principios de la consulta y la jurisprudencia internacional en la materia.

5. La Ley de la Industria Eléctrica incorpora un nuevo estudio: el Estudio de Impacto Social al conjunto de requisitos, sin embargo este estudio es realizado por las empresas interesadas en la realización del proyecto, sin que las comunidades puedan tener acceso a los resultados del estudio, ni argumentar en los mismos. Además los resultados no son considerados para el otorgamiento de los permisos.

6. Existe una gran opacidad en la información de las empresas, pero también en la información que el Gobierno Mexicano en cuanto a los proyectos de inversión a ejecutarse en territorios, los Pueblos y Comunidades se encuentran en una situación inequitativa al no tener elementos para la toma de decisiones informada.

Estamos evidentemente ante una asimetría en la relación empresa-estado-pueblos y comunidades, dejando a estos últimos sin mecanismo de defensa de sus derechos y donde el estado Mexicano abandona progresivamente la responsabilidad de protección de esos derechos. Es necesaria una regulación de la actuación de las empresas, especialmente de las inversiones y sus resultados.