El día 14 de Noviembre, autoridades y pobladores de la comunidad de Juba Wajiín, en la montaña de Guerrero, anunciaron su tercera victoria sobre las concesiones mineras en su territorio, concluyendo un proceso jurídico de nueve años. Juba Wajiín deja un precedente importante para otras comunidades que resisten el model extractivo a lo largo del país. En el 2010, la población de San Miguel del Progreso se percató de la presencia de helicópteros sobrevolando su comunidad y con el apoyo del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan se supo que 80% de su territorio estaba concesionado a la empresa peruana de capital inglés Hochschild. En asamblea, la población decidió emprender el camino de la lucha jurídica para defender a su territorio. Se ganó en el 2014 un primer amparo que canceló las concesiones mineras. Sin embargo, el juez no entró al fondo del análisis de la inconstitucionalidad de la Ley Minera, que establece la actividad minera como preferente sobre cualquier otra. Por ello, se llevó el caso a la Suprema Corte. Aunque las empresas decidieron renunciar a sus concesiones, a la vez la se emitió una declaratoria de libertad de terreno que abrió de nuevo las puertas a la entrada de cualquier otra empresa extractiva. En 2017 la comunidad de San Miguel volvió a ganar un amparo por la violación de su derecho a la consulta. La SE impugnó la sentencia, pero, el 17 de octubre de 2019, el poder judicial la confirmó, dejándola firme. Frente a esta victoria, comuneros y expertos señalaron que, aunque el actual gobierno ha señalado que no se otorgarán más concesiones a empresas mineras para “saquear” territorios indígenas, es necesario garantizar esa voluntad con modificaciones a la ley minera y revisar los permisos que se dieron en administraciones pasadas.
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