Después de cinco años y gracias a un amparo, los pobladores de Bacanuchi, Sonora, recibieron el informe que Grupo México entregó a Semarnat para abrir una presa de desechos tóxicos de la mina de cobre Buenavista que la empresa echó a funcionar sin el consentimiento de los pobladores. El 5 de julio, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) llegó a Bacanuchi, mandatada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para explicar el “Informe Preventivo” de Grupo México que aprobó para que se construyera la presa, el por qué dio visto bueno al proyecto, bajo qué criterio, y por qué no informó a la población. Al terminar, vienen las preguntas, y estas son quizá lo más interesante de la reunión: “¿Por qué hasta ahora nos vienen a informar?”, pregunta María Elena Bustamante, una de las 42 quejosas que interpusieron el amparo ante la SCJN. “Cuando aprobaron esos informes ¿fue trabajo detrás del escritorio o hicieron trabajo de campo?”, pregunta otra mujer. Otro más cuestiona: “¿Por qué dan tantos permisos detrás del escritorio si nosotros somos los afectados?” En la reunión fueron recurrentes las preocupaciones compartidas por la comunidad sobre la salud de las personas y de los animales, la contaminación del agua, la tierra y el aire, la afectación económica y sobre el peligro de que una presa que puede almacenar 50 mil veces más desechos tóxicos que los derramados en 2014 por la mina Buenavista del Cobre pueda romperse y “arrasar con Bacanuchi”.
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