En una decisión unánime, los ejidatarios de Ojo de la Casa, en Samalayuca decidieron ir contra el decreto que desde el 2009 los incluyó dentro del área natural protegida, hace un año le ganaron al Gobierno Federal y concesionaron una parte de sus tierras a una empresa canadiense para la explotación de yacimientos de cobre a cielo abierto que se ubican en esa zona del municipio de Juárez.
Los ejidatarios hicieron un contrato de ocupación temporal de los predios con VVC Exploration Corporation, empresa que el pasado 7 de agosto anunció que su junta directiva aprobó la operación de una mina piloto en Samalayuca, la cual se espera pueda estar en operación en seis o nueve meses.
Para Santiago González Reyes, abogado derechohumanista que alista un amparo para frenar el proyecto, “cambiar de área natural protegida por una mina es una aberración”. Las excavaciones estarán 50 kilómetros de la mancha urbana de Ciudad Juárez, que para Reyes se pone en riesgo la única reserva de agua de Ciudad Juárez. Reyes es parte del Frente de Ciudadanos contra la Mina a Cielo Abierto en Samalayuca.
“Es un proyecto altamente contaminante que traerá consecuencias en nuestro medio ambiente”, advierte a su vez Lydia Graco, vocera del Frente Ciudadano Contra la Mina a Cielo Abierto en Samalayuca e integrante del movimiento Para Que No Mine la Mina.
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se reunió con organizaciones indígenas del Istmo y de la península de Yucatán, con quienes reiteró su compromiso de trabajar de la mano con las comunidades y pueblos en defensa del territorio y recursos naturales.
En respuesta a una carta enviada al secretario Víctor Toledo, se realizó el encuentro del subsecretario de Planeación y Política Ambiental, Arturo Argueta, con la la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), y la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal.
En dicho encuentro las organizaciones criticaron que la Semarnat “ha jugado como impulsor de un modelo devastador de la transición energética” y plantearon propuestas para que las organizaciones comunitarias tengan una participación efectiva en el diseño del Plan Nacional de Transición Energética.
Detallaron los impactos generados por el modelo neoliberal en el Istmo de Tehuantepec y en Yucatán como los parques eólicos y las granjas porcícolas, con los cuales las poblaciones han sido las principales afectados con incremento de pobreza y violencia.
Las autoridades de San Pedro y San Pablo Ayutla desmienten la existencia de una “mesa permanente” y señalan que es una estrategia del gobierno estatal “para evitar que se cumpla el compromiso que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador” de enviar a la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero a atender la problemática, el despojo de agua y terrenos por parte de su comunidad vecina, Tamazulápam del Espíritu Santo. En el comunicado hacen un recuento de las negociaciones durante más de dos años y dan a conocer que hubo tres acuerdo firmados entre las comunidades en conflicto y el gobierno estatal, sin embargo los acuerdos fueron incumplidas “y los grupos violentos de dicha comunidad junto a sus autoridades impidieron su ejecución”. Por lo tanto, las autoridades de Ayutla reiteran que rechazan “toda narrativa del gobierno estatal en el que se pretende lavarle las manos al gobernador sobre su irresponsabilidad en la problemática y sus abiertas mentiras. Nos hemos dado cuenta que el gobierno del estado protege al que usa la violencia, al que destruye nuestros tanques, al que asesina, secuestra y viola, eso parece no ofenderle al gobernador, le ofende más nuestra denuncia social”, y por eso exigen la intervención de la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero.
El miércoles, entre gritos y jaloneos, agentes de la Guardia Nacional y policías federales desalojaron a un grupo de migrantes africanos y haitianos que mantenían una protesta frente a las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo 21, con sede en Tapachula, para exigir libre tránsito por México. En su página de Facebook, la organización Pueblos Sin Fronteras detalló que las personas migrantes “protestan por la corrupción de los agentes del Instituto Nacional de Migración, por sus trámites que no avanzan, y por maltrato de parte de las autoridades. Solicitan una solución a sus trámites y que se les deje migrar a su destino, que dicen que no es México (…) Algunas mujeres migrantes se sentaron en el camino como un acto de resistencia no violenta porque ya no pueden esperar más por su derecho de migrar – muchas niñas y niños están enfermos y han gastado todo su dinero en esta ciudad cárcel. Los agentes intentaron levantarlas a la fuerza, incluso, trataron de quitar de los brazos de una madre a un niño. Dejaron también a un hombre migrante desmayado en la calle sin recibir ninguna clase de atención médica.” En un comunicado, Pueblos Sin Fronteras denunció que las autoridades mexicanas están llevando a cabo “una verdadera cacería de migrantes (…) El sistema de asilo en México está colapsando. Tapachula es una ciudad cácel de la cual las personas migrantes sólo buscan escapar, pero la corrupción de INM y la represión de la Guardia Nacional les encierra y les extorsiona, violentando así los derechos humanos que el actual gobierno mexicano prometió defender”.
A la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo lo conocen como: “tierra de las mujeres bonitas”, pero estas mujeres prefieren que ahora las conozcan como “mujeres defensoras de la vida y el territorio” porque su mayor anhelo es recuperar los ríos limpios, los terrenos cultivados de maíz y las flores endémicas curativas que disfrutaban antes de la llegada de las empresas eólicas europeas. Ahora han dejado de hacer sus quehaceres por ir a informar a su gente sobre el nuevo proyecto eólico “Parque eólico Gunaa Sicarú” que impulsa la trasnacional Eólica de Oaxaca, filial Electricité de France (EDF), el cual contaría con 96 aerogeneradores con una producción anual estimada de 825.7 gigawatts hora por un tiempo de 30 años. No es la primera vez que en Unión Hidalgo las mujeres se organizan, sin embargo sí es la primera que se unen usando “la palabra” para defender la vida y el territorio, en este poco tiempo de estar juntas han sabido caminar, organizar y compartir lo que saben; algunos las llaman las rebeldes y otros “opositoras al desarrollo”, también les han dicho que de nada servirá lo que hacen, que no gasten su tiempo en distracciones. Sin embargo siguen y en sus visitas domiciliarias han conseguido aliadas, que motivan su lucha y refuerzan su colectivo al que llaman “Mujeres gubiñas en defensa de la vida”. Andrea Manzo Matus, estudiante de Antropología Social, dice: “hace doce años llegó a Unión Hidalgo una empresa eólica, que es Demex, en ese entonces nadie nos consultó nada, ni nos preguntaron si queríamos que esas gigantescas torres eólicas invadieran los cultivos, a veces aunque no nos guste, los dueños de las tierras son los que decidieron, pero en esta ocasión no queremos que se repita lo mismo”.
“Poca gente sabe que los parques eólicos nuevos que se instalaran en la zona van a dotar de energía eléctrica a las empresas extranjeras que se ubicaran en el corredor transismico que el gobierno federal y de Oaxaca intentan ubicar para “crear economía” en esta zona, expuso Rubén Valencia, defensor de la vida e integrante del Comité Ixtepecano Vida y Territorio.
El 18 de agosto de 2019, hubo un accidente fatal en que un empleado contratista murió dentro de la mina San José. Por eso Cuzcatlán suspendió por un día sus operaciones.
El accidente ocurrido este domingo 18 de agosto de 2019 involucró un scooptram operando bajo tierra con capacidad de aproximadamente 10 toneladas métricas. El individuo herido de muerte fue el conductor de la cargadora subterránea, por lo que las autoridades locales y gubernamentales correspondientes fueron notificadas de inmediato y se inició una investigación sobre el accidente para determinar la causa, explicó el presidente y Director de Fortuna Silver Mines Inc, Jorge A. Ganoza.
En un comunicación, el presidente dijo “la salud y seguridad de nuestros trabajadores en nuestras minas es nuestra máxima prioridad, y se está llevando a cabo una investigación para determinar cómo sucedió esto”.
Cabe recordar que en el otro complejo minero en el estado, ubicado en San José de Gracia, en enero de 2017 murieron dos trabajadores en accidentes laborales en la mina Don David Gold, filial de la empresa Gold Resource Corporation (GRC). Sin embargo, ni David Gold ni las autoridades estatales dieron a conocer los resultados de sus investigaciones sobre la seguridad en esta mina.
Tras una larga pero infructuosa reunión con las autoridades de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe y Tamazulapan del Espíritu Santo, el gobernador Alejandro Murat canceló su visita a la región, planeada para el 21 de agosto, argumentando que “no hay condiciones”. La visita era para la reconexión del servicio de agua, que Murat les prometo a los ciudadanos de Ayutla y a AMLO. En una conferencia de prensa, Murat informó que supuestamente acordó mantener una “mesa permanente de diálogo” entre las dos comunidades, en tanto se pueda llegar a una solución. Pero ahora, la comunidad está esperando sin fecha para la reconexión del servicio de agua.
El anuncio de Murat Hinojosa era en respuesta al bloqueo que el 17 de agosto cuando un grupo de habitantes de Ayutla instaló sobre la carretera al regreso de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a los hospitales rurales del IMSS-Bienestar en la sierra mixe de Oaxaca. Pidieron la intervención del presidente para resolver el conflicto despues del omission del Gobieron del Estado que hace dos años no resuelve sus peticiones y permea la impunidad en las agresiones hacia la comunidad. Durante la plática que tuvieron con el mandatario federal, se acordó la intervención directa del Gobierno Federal en caso de que el Gobernador no dé solución a sus demandas de seguridad y reconexión del servicio de agua potable. El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que si el Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, no da solución a las demandas de Ayutla, enviará a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero para atender la problemática. Ayutla carece de agua desde que en junio de 2017 vecinos de Tamazulapám dinamitaron la infraestructura hidráulica del principal manantial de la comunidad.
Oaxaca, Oax. Luego de que autoridades municipales y de bienes comunales de Santiago Ixtayutla y Santa Cruz Zenzontepec se manifestaron en contra de la construcción de una hidroeléctrica en el Río Verde por parte de la empresa privada Generación Enersi, la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca inició un cuaderno de antecedentes para documentar este caso y analizar su desarrollo, señaló el ombudsman estatal, José Bernardo Rodríguez Alamilla.
En entrevista, el defensor señaló que este proyecto debe pasar por un proceso de consulta a las comunidades indígenas de esta zona de la regiones de la Costa y Sierra Sur en donde se está proyectando dicha obra de infraestructura, para lo cual la DDHPO se mantendrá vigilante de que estos procesos se realicen conforme a la ley y respeten la libre determinación de los pueblos.
Añadió que la defensoría solicitará a las autoridades federales la información concerniente al proyecto para conocer sus alcances, ya sea beneficios o afectaciones que podría generar, pero también se buscará el acercamiento con las autoridades municipales y comunales de las Santiago Ixtayutla y Santa Cruz Zenzontepec, así como de otras localidades que se encuentren en la zona en cuestión.
Rodríguez Alamilla refirió que el organismo a su cargo no puede permitir que se violenten los derechos humanos de los habitantes de estas comunidades, e incluso advirtió «cuando veamos que a las comunidades no se les está tomando en cuenta lo vamos a señalar como tal, esto debe tener un costo social o político para las instituciones que lo empiecen a hacer».
La obra que pretende edificar afectaría a los municipios de Santa Cruz Zenzontepec, Santiago Ixtayutla, Santiago Tetepec, Santa Catarina Mechoacán, San Andres Huaxpaltepec, Santiago Jamiltepec y Santiago Pinotepa Nacional, acusaron en días pasados autoridades de Zenzontepec, mismas que informaron que la hidroeléctrica planea hacer uso de 71 hectáreas para la obra y generar 30 mega watts.
Los Pueblos Chatino y Mixteco nos pronunciamos ante la nueva amenaza de la construcción de un nuevo Proyecto Hidroeléctrico en el Río Verde, promovido por la empresa GENERACIÓN ENERSI S.A. de CV.
En el mes de julio recibimos el oficio No. SGPA/DGIRA/DG/04734, fechado el 20 de junio en la Ciudad de México, de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la SEMARNAT donde nos comunican que la empresa arriba mencionada presentó para análisis y evaluación el proyecto denominado “Proyecto Hidroeléctrico para la Generación de Energía Renovable PH Río Verde”. Este proyecto afectará a los municipios de Santa Cruz Zenzontepec, Santiago Ixtayutla, Santiago Tetepec, Santa Catarina Mechoacán, San Andrés Huaxpaltepec, Santiago Jamiltepec y Santiago Pinotepa Nacional. Se proyecta la construcción, operación y mantenimiento de una central hidroeléctrica para la generación de 30 MW de energía para lo cual se pretende utilizar el caudal del Río Verde
A lo largo de nuestra vida como Pueblos hemos convivido, cuidado y defendido el Río Verde porque es la madre de nuestras aguas y representa la fuente de vida en la Cuenca y los territorios mixtecos, chatinos y afromexicanos. Por lo cual por este medio notificamos a la SEMARNAT y a la empresa GENERACIÓN ENERSI S.A. de CV. que no estamos de acuerdo con dicho proyecto y no permitiremos estudios ni su construcción por las graves afectaciones que esto traería a nuestra vida y a la madre naturaleza.
Los pueblos y nuestras autoridades en base a nuestros sistemas normativos internos y con derechos que nos conceden los tratados internacionales y nuestra constitución hemos emprendido los medios de defensa por vías pacíficas, administrativas y legales para que se respeten nuestros modos de vida y nuestro territorio.
Nos sorprende que el actual gobierno federal insista en este tipo de proyectos, por más de diez años hemos argumentado nuestra oposición al Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina que fue promovido por la entonces paraestatal Comisión Federal de Electricidad. Ahora ante la privatización del sector energético las empresas privadas tienen su mira sobre nuestros bienes.
El Río Verde se encuentra actualmente protegido por el amparo (701/2018) interpuesto en julio de 2018 por el ejido de Paso de la Reyna. Este recurso contra la declaración de zonas de reserva – decretos publicados al final del gobierno de Enrique Peña Nieto – fue otorgado por un juez federal y no se podrá construir ningún proyecto de infraestructura. Sin embargo, a la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la SEMARNAT y CONAGUA interpusieron un recurso de revisión, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE UN JUEZ FEDERAL. No entendemos porque la SEMARNAT pretende negar un derecho demostrado y ganado en tribunales. No entendemos porque Andrés Manuel López Obrador en su discurso dice que esta con los pobres y los indígenas, pero en su ADMINISTRACIÓN regatea los derechos de los pueblos y favorece a las empresas.
Estamos en alerta y organizando a pueblos y municipios de la región de la Costa y Sierra Sur, no permitiremos más saqueo.
¡¡Pueblos Vivos, Ríos Libres!!
¡¡Ríos para la Vida no para la Muerte!!
ATENTAMENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTIAGO IXTAYUTLA
COMISARIADO EJIDAL DE SAN LUCAS ATOYAQUILLO, IXTAYUTLA, JAMILTEPEC
AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL DE CORRAL DE PIEDRAS, IXTAYUTLA.
NUCLEO RURAL DE LAS TROJES, IXTAYUTLA
AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LUCAS ATOYAQUILLO, JAMILTEPEC
COMISARIADO EJIDAL DE PASO DE LA REYNA, JAMILTEPEC
CONSEJO DE VIGILANCIA DEL EJIDO DE PASO DE LA REYNA JAMILTEPEC
AGENCIA MUNICIPAL PASO DE LA REYNA, JAMILTEPEC
CONSEJO DE PUEBLOS UNIDOS EN DEFENSA DEL RIO VERDE
El presidente Andres Manuel Lopez Obrador firmó el ‘Pacto Oaxaca´una agenda estratégica para desarrollar la economía de la región del Sur-Sureste del país, a través del impulso industrial. Admitió que el impulso y desarrollo del Sur-Sureste de México “es un asunto de justicia”, ante el abandono gubernamental a esta región y que quiere un crecimiento económico “horizontal.”
El ‘Pacto Oaxaca’, convocado por la Concamin, fue firmado por el Consejo Coordinador Empresarial y las diversas cámaras miembro, como la Concanaco Servytur, el Consejo Mexicano Agropecuario y el Consejo Mexicano de Negocios, así como los gobernadores de los estados de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Yucatán, Guerrero, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Campeche.
Parte del proyecto es el desarrollo del Tren Maya, el cual tendrá una inversión pública de 150 mil millones de pesos. Además se incluye el proyecto de Corredor Multimodal Interoceánico que beneficiará a 79 municipios, 49 de Oaxaca y 33 de Veracruz.
AMLO indicó que con este impulso quieren ver el PIB nacional tenga un crecimiento del 4 por ciento. También, comentó del industria petrolera donde 90 % de la inversión es para el sur y sureste.
El Presidente municipal de Juchitán, Emilio Montero, subrayó en una entrevista la urgencia del proyectos en el Istmo donde “una buena parte de nuestra fuerza de trabajo migra a otras regiones del país.”
La minera Cuzcatlán de San José del Progreso, Oaxaca, es la sexta mina del país de donde mayor cantidad de plata se extrajo en 2017, màs de 8 millones onzas de plata en 2018; adicionalmente se extraen cada año más de 50 mil onzas de oro. Sin embargo, lo que se encuentra alrededor, el pueblo de San José del Progreso está marcado por la marginación, el conflicto social y las enfermedades de sus pobladores. En San José del Progreso, 97.2% de los habitantes carecen de servicios básicos (agua potable, drenaje) en su vivienda y el 96.2% no tiene acceso a seguridad social, de acuerda a los estudios de Coneval.
Aun con recursos etiquetados para 2019 por al menos 65 millones de pesos para obras en la comunidad y sus agencias, mil 591 viviendas carecen de agua potable y mil 261 de drenaje. Por si fuera poco, el insuficiente personal de la clínica a cargo de los Servicios de Salud de Oaxaca en la agencia de Maguey Largo sostiene que cada vez son más frecuentes los casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) en menores de edad, pues en una semana llegan un promedio de tres niños con esos padecimientos.
Por su parte, Cuzcatlan informò que a lo largo del presente año han invertido 243.8 millones pesos en San José del Progreso, y para 2019, 26 millones pesos en programas sociales y comunitarios. Pero, la gente siguen en pobreza. Aunque la mina genera mil trabajos directos, una mujer del pueblo compartió que, “mi hermano trabaja en la mina pero tampoco gana màs de mil 200 o mil 500 a la semana, es cierto que ya no tuvo que ir a otro estado a buscar empleo pero no es suficiente su ingreso para mantener una familia.”
El presidente de la Coordinacion Pueblo Unidos del Valle Ocotlán, Bernardo Vásquez, dijo que mucha gente no quiere la ampliación de la mina. Ya hicieron mucho daño al ecosistema, nuestros pozos han bajado su nivel hasta un 60 o 70 %. Pero nadie dice nada.”
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) informó que el consorcio integrado por SENERMEX Ingeniería y Sistemas, Daniferrotools, Geotecnia y Supervisión Técnica y Key Capital, resultó ser ganador de la licitación para desarrollar la ingeniería básica del Tren Maya, por un monto de poco más de 298 millones de pesos. En total, 8 consorcios, integrados por 33 empresas, presentaron una propuesta.
El consorcio se encargará de realizar los estudios en 29 especialidades distintas desde cartografía, topografía, geología, geofísica, trazo geométrico, estructuras, hasta seguridad ferroviaria, impacto ambiental, arqueología e impacto social. Para hacer todo, solo tendrá 8 meses. Tambien, el gobierno federal redujo la extensión del Tren Maya de mil 525 kilómetros hasta mil 452 kilómetros y incrementó de 15 a 28 el número probable de estaciones
Cabe destacar que esta misma empresa fue la encargada de construir el Tren Interurbano México-Toluca, el cual no ha sido concluido y lleva un retraso que ha implicado un mayor costo.
Acotó que no se harán trabajos u obras sino estudios y la manifestación de impacto ambiental, así como la consulta a pueblos indígenas se realizarán conforme a la legislación nacional y en apego a los tratados internacionales adquiridos por México.
Jiménez Pons, el director de la dependencia encargada del proyecto, señaló que ya cuentan con la firma del 98 por ciento de las firmas de todos los propietarios de los ejidos por donde pasar el tren Maya. El gobierno pidió a los ejidatarios no vender a especuladores las tierras en las que pueden construirse los complejos inmobiliarios ubicados alrededor de las estaciones del Tren Maya.El Gobierno federal busca que los ejidatarios cedan sus terrenos para construir ahí dichos complejos inmobiliarios con la condición de retribuirles con ganancias futuras.
Es “urgente e inaplazable” la reconexión del sistema de agua de Ayutla para garantizar los mínimos vitales de la población, concluye la Misión Civil de Observación que durante el 5-7 de agosto visitó la sierra Mixe para entrevistarse con las partes involucradas en el conflicto. En las reuniones realizadas con autoridades civiles y tradicionales de ambas comunidades, la misión pudo constatar que “hay un manejo parcial de la información por parte de la Secretaría General de Gobierno y la Comisión Estatal del Agua, con acuerdos verbales que no cuentan con un debido respaldo documental, así como la dilación en los procesos de negociación y atención del conflicto, lo que no abona a garantizar el derecho al agua”.
Los derechos a la educación, salud y una vida libre de violencia para las mujeres de Ayutla no se respete, concluyeron integrantes de la Misión Civil de Observación. Ante la falta de este vital líquido, la comunidad ha optado por recolectar el agua pluvial; estos métodos resultan insuficientes, por lo que las enfermedades han incrementado, en particular infecciones de vías urinarias, principalmente en niñas, niños, adolescentes y personas adultas.
Además, los delitos de asesinato, secuestro, intimidación, daños a propiedad, abigeato y despojo de tierras siguen impunes y en consecuencia las amenazas van en aumento. Entre las observaciones la Misión recalca que esta problemática “requiere de una atención integral, la cual necesariamente pasa por atender diligentemente el conflicto agrario derivado del despojo de tierras y de la falta de delimitación de los límites entre ambas comunidades”. La Misión, conformada por ocho organizaciones, entre ellas Educa, y respaldada por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, posteriormente presentará un informe con mayores detalles.