La pandemia dejó sin acceso a la justicia a los presos de Eloxochitlán

El 19 de marzo de 2020 la oficina del presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Oaxaca, Eduardo Pinacho Sánchez, rechazó recibir la copia certificada del expediente con el caso de siete presos políticos mazatecos de Eloxochitlán de Flores Magón, para resolver la apelación de tres de ellos contra el auto de formal prisión por homicidio en grado de tentativa denunciado por Elisa Zepeda Lagunas, diputada local por Morena. El tribunal lo justificó con una circular que notificaba que por la pandemia de COVID-19 se suspenderían las actividades laborales en la sede oficial, aunque precisaba que los servidores públicos desahogarían su trabajo en casa para evitar rezagos. “La pandemia, en este caso, le dio al tribunal el pretexto para prolongar la dilación sistemática que ya aplicaba en el procesamiento de los presos políticos, pues recibió la copia certificada cinco meses después. También ha profundizado, en general, las fallas estructurales del sistema de procuración de justicia mexicano. Y ha afectado especialmente las denuncias que tienen que ver con razones de género, pertenencia a los pueblos originarios y motivos políticos”, afirma Laura Castellanos. Si bien este caso tiene un trasfondo político, también expresa la parálisis del sistema judicial durante la pandemia. El informe Hallazgos del índice del Estado de Derecho en México 2019-2021 de la organización internacional World Justice Proyect (WJP), reveló que esta estancó la eficiencia de los sistemas de impartición de justicia y el respeto al debido proceso. Por su parte, Argelia Betanzos Zepeda, hija del preso político Jaime Betanzos Fuentes, se declaró en huelga de hambre a partir hoy 27 de mayo de 2021 “hasta el momento en que vea a mi padre en libertad”.