Este lunes el presidente Guillermo Lasso decretó un nuevo estado de excepción para seis provincias, las protestas Pacíficas continúan desde el pasado 13 de junio, sin embargo, estas medidas dan un mensaje preocupante de las reacciones del estado contra las demandas que se exigen, contrario a esto contribuye a la criminalización de las protestas y la violación a los derechos de los pueblos indígenas y las personas defensoras y las detenciones arbitrarias, como el de Leónidas Iza Salazar. Indigenous Peoples Rights International – IPRI pide un alto.
La indignación es creciente ya que en su primer año como presidente, Lasso hizo una treintena de reforma con su proyecto de ley nacional, que atentan contra los derechos humanos del pueblo ecuatoriano. El Estado ecuatoriano tiene la obligación de proteger y respetar los derechos de las personas defensoras de derechos humanos, lo que incluye las personas defensoras indígenas. Por lo tanto, se debe poner fin de manera inmediata a la criminalización, hostigamiento, violencia, detenciones y arrestos contra éstas, señala el IPRI.
También exigen que se creen canales e instancias de diálogo para debatir las exigencias y temas identificados por los pueblos indígenas plasmados ya en su pliego petitorio de 10 puntos que incluye una reducción del precio de los combustibles, mayor plazo para cubrir las deudas financieras de los pequeños agricultores, limitar la expansión petrolera y minera para mejorar el sistema de salud pública.
Boletín del IPRI: Llamado urgente al Estado ecuatoriano para el alto a la criminalización y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y sus personas defensoras. Análisis: Levantamiento indígena y neoliberalismo, por Pablo Davalos. Imagen: IPRI. Contexto: Liberan a líder indígena Leónidas Iza en Ecuador
