El fin de semana pasado se cumplieron tres meses desde que decenas de familias huyeron tras los ataques armados a las comunidades de Mier y Terán, Guerrero Grande y Ndoyonoyuji, en el municipio de San Esteban Atatlahuca, sin que hasta el momento las autoridades garanticen su retorno. Las familias que defienden el bosque se refugiaron en las instalaciones del INPI en Tlaxiaco, donde al inicio recibieron víveres.
Tres semanas después del ataque armado y de la quema de casas los días 21, 22 y 23 de octubre, unas 75 familias regresaron a la región, donde se instalaron en un albergue improvisado en la agencia municipal de Guerrero Grande. Sin embargo, unas cien personas no han podido regresar y siguen en condición de desplazados internos.
“Al inicio del conflicto recibimos cobijas y colchones de parte del gobierno de Oaxaca. Y un poco de despensa que duró 15 días, no más. En diciembre sobrevivimos con el apoyo del INPI en comida, pero este mes no hemos recibido nada de ningún gobierno”, afirma Valeriano Riaño, encargado del comité del grupo de personas desplazadas, en entrevista con El Universal Oaxaca.
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