Concluye segunda generación de la Escuela de Defensoras y Defensores Comunitarios de Oaxaca

escuela1 El sábado 9 de noviembre del presente año concluyeron los trabajos de la segunda generación de la Escuela de Defensoras y Defensores Comunitarios. Este proyecto congregó a activistas de derechos humanos de distintas regiones del estado de Oaxaca con el objetivo de fortalecer conjuntamente las capacidades de incidencia, denuncia y diálogo público y construir estrategias para actuar en contextos locales, regionales y estatales de alta conflictividad social y política. En este último módulo de trabajo se analizó la identidad del defensor y defensora comunitaria y se profundizó en la identificación de derechos violentados a partir de los casos presentados y documentados por las y los defensores. Este proyecto es impulsado por EDUCA y forma parte de una iniciativa impulsada con el auspicio de la Unión Europea. El próximo mes de diciembre, en el marco del día de los derechos humanos, la Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de Oaxaca “Defendiendo el territorio sembramos futuro” presentará una propuesta de Protocolo para la Atención a Defensores y Defensoras.

Oaxaca es un estado muy violento; aumentaron los crímenes políticos: investigador

“El tema de la violencia lo tendríamos que ubicar históricamente. Oaxaca es un estado muy violento, no creo que sea por naturaleza; pero las condiciones sociales permiten que la violencia en Oaxaca tenga, si bien que no tenga carta de naturaleza, que sea un fenómeno muy frecuente. “Los crímenes políticos han existido siempre, pero en algunos momentos como este que estamos viviendo, con mayor intensidad”, opina el investigador del Instituto de Investigaciones en Humanidades de la Universidad “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), Porfirio Santibáñez Orozco. Santibáñez establece que hay algunos factores comunes en los crímenes políticos que se han registrado en la entidad a lo largo de los años. El primero de ellos, es el que llama “poderes parroquiales”, es decir, aquel poder que está en manos de caciques en las regiones al interior de Oaxaca. Otro factor común es la omisión y la impunidad en la que quedan los crímenes.

Entrevista con Porfirio Santibáñez Orozco y con César Martínez, sindicalista: “En Oaxaca vivimos una guerra de baja intensidad contra los movimientos sociales” y Remembering Brad Will in Mexico

Ejecución extrajudicial de Luis Olivares Enríquez y Ana Lilia Gatica Rómulo, integrantes de la OPPCG

Ayer domingo 10 de noviembre, entre las 8 y las 8:30 de la mañana, en la colonia Fuerte Emiliano Zapata de Coyuca de Benítez, región de Costa Grande de Guerrero, un hombre llegó hasta la casa en que se encontraban Luis Olivares Enríquez y Ana Lilia Gatica Rómulo, líder e integrante respectivamente de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande, OPPCG, y disparó contra Luis Olivares 6 balazos en diferentes partes del cuerpo, quien murió instantáneamente y contra Ana Lilia Gatica Rómulo, quien recibió 1 disparo en la cabeza. A pesar de la herida, Ana Lilia Gatica sobrevivió 1 hora y media sin que en ese tiempo llegaran a la colonia cuerpos de auxilio ni de seguridad a los cuales se les había puesto en conocimiento de los hechos por los colonos y vecinos. El asesinato de Luis Olivares Enríquez ocurre a 8 dias de que sicaros dejaron una amenaza para él en el cadáver de su primo y a 20 días del asesinato de la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) Rocío Mesino, en Atoyac. Entrevista con su hermana Norma Mesino Mesino:

“Selectivos”, asesinatos contra líderes sociales

Asegura vocero del Cecop que el estado planea aprehenderlo y llevarlo a Tepic

El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, denunció que el gobierno estatal tiene la intención de aprehenderlo desde este domingo, acusado de terrorismo, secuestro y ataques a las vías federales, como un acto de represión por oponerse a la construcción de la presa La Parota, impulsada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), desde hace más de una década, en la zona rural de Acapulco, y por exigir la reconstrucción de los pueblos afectados por la crecida del río Papagayo el pasado 15 de septiembre. En asamblea del Cecop efectuada en Aguacaliente, a la que asistieron unos 300 representantes de los 47 anexos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Suástegui Muñoz explicó que policías ministeriales instalaron tres retenes en las inmediaciones de Cacahuatepec, en Las Plazuelas, San Isidro y cerca de Tres Palos, con la orden de detenerlo, apresarlo y posteriormente trasladarlo al penal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit. El líder del Cecop reveló que en meses pasados fue amenazado por Salgado Gómez. Señaló que “Salgado Gómez me dijo: te calmas o te metemos a la cárcel; gente mala te está observando, o te metemos a la cárcel o termina tu vida”.

Denuncia Suástegui que el gobernador lo demandó por terrorismo y ataque contra instalaciones federales

Incumplimientos en la consulta a los yaquis

El protocolo de consulta pactado con la tribu yaqui, para que decidan sobre la construcción del Acueducto Independencia, no se está cumpliendo. La etapa informativa se limita a la entrega de documentos incompletos y sesgados, mientras los encargados gubernamentales apelan a la “comprensión” de los indígenas. Mario Luna, secretario de la autoridad yaqui, comentó que el proceso de consulta debe ser “el primer paso para evidenciar y desenmascarar todas las mentiras que el gobernador del Estado ha vertido, en su campaña mediática contra los que dignamente defendemos nuestro territorio, los que dignamente damos la cara como sonorenses y como mexicanos que somos, mientras nosotros defendemos lo que nos da vida, cultura y economía”. Leer también:

“Yaquis” de Paco Ignacio Taibo II. Contra la desmemoria y EL TOPIL 20.- Derecho a la Consulta… ¿Hasta cuándo?

¿Para quiénes son las cárceles de máxima seguridad?

Ante la proliferación de las policías comunitarias y ciudadanas que han logrado responder eficazmente, desde la sociedad civil organizada, a los problemas de inseguridad y violencia que padece la población pobre, y al mismo tiempo, desmantelar a los grupos de la delincuencia organizada coludidos con los grupos de poder local y los cuerpos de seguridad del estado, las autoridades militares junto con las autoridades encargadas de procurar y administrar justicia se han empeñado en desarmarlas y en encarcelar a sus coordinadores y líderes más visibles. Los casos de Nestora Salgado y de Gonzalo Molina son ejemplos fehacientes de la estrategia que el gobierno federal ha armado con el Ejército, la Marina, las procuradurías de Justicia y los policías ministeriales para desactivar el movimiento de las policías comunitarias, focalizando su fuerza en impedir que se desplacen fuera de sus comunidades; en desarmarlos, detenerlos y fabricarles delitos que les impidan salir de la cárcel. Leer toda la reflexión del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan:

Para quiénes son las cárceles de máxima seguridad?

Las mujeres en las luchas populares de América y el mundo

Silvia Federici, feminista y activista italiana, acompañante de procesos comunitarios en diferentes lugares del mundo, se vio obligada a suspender un encuentro con la comunidad de Paquí, Totonicapán, en Guatemala, debido a las amenazas de muerte contra dos de las organizadoras del evento, Jovita y Gladys Tzul, y por el clima de persecución que priva en el país centroamericano. Tal es el contexto de la siguiente entrevista con la practicante de un feminismo popular que lucha por la defensa de lo común: