Un juez ordenó el pasado sábado la absoluta e inmediata liberación de 24 personas detenidas vinculadas a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014. Con esto, quedan detrás de las rejas solamente 65 de las 142 personas detenidas en el marco de la polémica investigación del caso, que arrancó con la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y continúa en la Fiscalía General de la República (FGR). Por ello, la FGR debe fincar responsabilidades al ex procurador Jesús Murillo Karam, así como a Tomás Zerón de Lucio –ex encargado de la Agencia de Investigación Criminal (AIC)-, sostuvo Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, en conferencia de prensa. Denunció que la decisión del juez Samuel Ventura Ramos, con sede en Reynosa, Tamaulipas, de liberar a los imputados –durante “un sabadazo de puente”- constituye un “grave precedente” y una “afrenta a las víctimas, a los padres de familia y una burla a la justicia”; aseveró que “muestra la miseria, la podredumbre en que se encuentra el sistema de impartición de justicia en el país”. Por su parte, los padres, madres y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos demandaron que no haya más jueces “que con un dinero u orden del gobernador o narcotraficantes” libere a los criminales. El pasado 15 de septiembre, a casi 5 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas, la cual ocurrió en la noche del 26 de septiembre de 2014, realizaron un “antigrito” para exigir la presentación con vida de sus seres queridos.
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